Rodea el Congreso

Tal y como era previsible la iniciativa Rodea el Congreso, lejos de convertirse en un acto de protesta ante las medidas de Rajoy y una demostración de la desafección de la ciudadanía hacia el modelo de democracia formal establecido, acabó siendo noticia por la violencia registrada.
Y digo que era previsible no por los participantes de la iniciativa, sino porque el gobierno del PP, tanto el central como el de la Comunidad de Madrid, había decidido de antemano que ese era el único final que iba a permitir para esa protesta.
Las declaraciones de Cospedal comparando el 25S con el 23F, la caverna mediática calentando previamente el ambiente y el desproporcionado despliegue policial, hacían imposible que las cosas acabaran de otra manera.
Lamentablemente, el PP ha conseguido su objetivo, es decir, que nadie hable del origen y motivación de la protesta y que estemos todos concentrados en averiguar si las pocas personas que intentaron romper el cordón policial era o no manifestantes y si la cargas policiales, a todas luces desproporcionadas e innecesarias, causaron más o menos heridos.
La iniciativa Rodea el Congreso, al margen de las idas y venidas con su convocatoria, es la muestra del descontento de una ciudadanía con un gobierno que cada vez está más lejos de representarla y con una oposición incapaz de hacer frente a unas políticas de recorte impuestas por el PP.
Si yo hubiera estado en Madrid también hubiera acudido a esa concentración, puesto que creo que cada día se hace más evidente la necesidad de reformar el actual sistema de participación popular en las decisiones que nos afectan.
No podemos dar por buena una democracia que nos pide opinión cada cuatro años y ante la constatación de que quien gobierna hace justo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer la única alternativa que nos propone es la de esperar al final de legislatura.
O desde las formaciones políticas somos capaces de reconocer los errores del sistema y proponer una auténtica revolución democrática, o llegará un momento en el que las tasas de abstención serán tan altas que gobierne quien gobierne no tendrá ninguna legitimidad para hacerlo.

Impunidad judicial

Hay cosas que como ciudadano me cuesta mucho entender y una de ellas es la impunidad con la que la justicia emite sus veredictos.
El pasado sábado, El Correo, un medio no particularmente afín a Ezker Anitza-IU, publicaba en sus páginas el resultado de una investigación según la cual el juicio en el que se daba por buena la expulsión de nueve personas de Ezker Batua, había sufrido irregularidades desde el punto de vista procedimental.
Por lo visto, después de una investigación interna, se había advertido que el reparto del tema, o lo que es lo mismo, a qué juez, en este caso jueza, le asignan un tema concreto, no se había hecho siguiendo las normas internas del juzgado.
Es más, incluso informaban de que  una investigación interna dirigida por el mismísimo presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luís Ibarra, certificaba esa irregularidad como consecuencia de un error humano.
Hasta ahí, todo parece más o menos razonable y comprensible, errores los podemos cometer todos y todas.
Ahora bien, lo que no tiene un pase es que constatada esa irregularidad, el mismo Presidente resuelva el asunto con un recordatorio de que las normas están para cumplirse y que hagan el favor de hacerlo.
Una circunstancia como esta que en cualquier país mínimamente avanzado hubiera supuesto la anulación inmediata de todo el juicio aquí no, aquí se despacha con una circular interna.
Un nuevo ejemplo de corporativismo judicial que convierte lo que en principio era un "error" en un fraude.
No sólo eso, sino que la misma persona que certificó la irregularidad, en su condición de Presidente de la Junta Electoral, decide dar por buena las consecuencias de ese juicio fraudulento y excluir a Ezker Anitza-IU de la campaña electoral en lo medios públicos.
Como Ezker Anitza-IU, desde luego, al hilo de la publicación del sábado, vamos a enviar un escrito a la Junta Electoral para que reconsidere su decisión. Y como ciudadano, voy a recomendar a las nueve personas que fueron estafadas por el sistema judicial que soliciten la nulidad de todas aquellas actuaciones. No tendrá efectos prácticos, de acuerdo, pero a veces, merece la pena luchar con el objetivo de debilitar a un poder, en este caso el judicial, que se cree en posesión permanente de la verdad absoluta.

Debe ser el prinicipio

Ayer en Madrid cientos de miles de personas salieron a la calle a rebelarse contra los recortes sociales del gobierno del Partido Popular y a pedir un referéndum.
Las protestas contra los recortes se han venido sucediendo en diferentes lugares del estado español tanto con el gobierno del PP como con el gobierno del PSOE.
Ayer, sin embargo, había una nueva reivindicación: un referéndum.
¿Por qué un referéndum? Bien sencillo, porque el gobierno del PP ha mentido a toda la ciudadanía.
Recogieron firmas en contra de la subida del IVA, y ellos han subido el IVA.
Negaron la opción del rescate y van a pedir el segundo.
Dijeron que no tocarían los salarios públicos y han quitado la paga extra.
Que no iban a destinar dinero público a sanear entidades financieras y van para 100.000 millones de Euros.
Cuando un gobierno miente tanto a su ciudadanía, cuando valiéndose de la mayoría absoluta hace justo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer, le debe al pueblo un refrendo de ese cambio de rumbo.
Las elecciones, no son como los exámenes que hacíamos en el instituto que una vez hechos retenías un 10% de lo escrito.
Los programas políticos y las promesas electorales son una oferta contractual con tu electorado, un contrato que la inmensa mayoría de los votantes del PP dan por roto, y por lo tanto, el gobierno del PP tiene la o obligación ética y política de someter sus medidas al refrendo de la ciudadanía.
No lo harán, a la derecha no le gusta la democracia, es más, no le gusta ni siquiera el debate parlamentario, nadie ha despreciado tanto a las Cortes Generales como el PP, pero que no lo vayan a hacer no significa que no haya que seguir exigiéndoles que lo hagan.
El Partido Popular ha secuestrado la democracia, ha secuestrado el Parlamento, ha secuestrado la soberanía popular, pero lo que no puede secuestrar es nuestra voz, nuestra capacidad de gritar y decir que no estamos dispuestos a dejar que nos lleve a la ruina para salvar los intereses de unos pocos.
Por mucho que el PP se empeñe, la ciudadanía no está en disposición de resignarse, tenemos que rebelarnos, salir a las calles y defender lo que es nuestro.
El 15S debe ser el principio, nunca el final, de una movilización popular en contra de quienes nos mintieron, nos están arruinando y encima pretenden convencernos de que lo hacen por nuestro bien.

¿El cierre de Garoña?

Hoy, como todos los años, se vuelve a celebrar la marcha contra la central nuclear de Garoña.
Compañeros y compañeras de IU de distintas federaciones estarán presentes, también, como todos los años.
A los responsables del Ministerio, como todos los años, les traerá sin cuidado la marcha y la oposición ciudadana a esta instalación nuclear, que no hay que olvidarlo, es idéntica a la de Fukushima.
Sin embargo, este año sí hay una novedad, la rentabilidad económica de la central.
En contra de cualquier informe técnico, el Gobierno del PP decidió alargar la vida de Garoña hasta 2019, aunque eso sí, para ello, Nuclenor-dueña de la central- tenía que acometer diversas inversiones para "garantizar" la seguridad en la central.
Por lo visto, Nuclenor ha hecho números y no le sale a cuenta la inversión que tiene que hacer para 9 años más de funcionamiento y ha dejado expirar los plazos para solicitar la prórroga.
Lo que a primera vista es una buena noticia, es decir, garantizar el cierre de Garoña el año 2013, esconde tras de sí, una nueva constatación de que son las empresas las que toman las decisiones y no los gobiernos y por lo tanto, no me apresuraría a brindar todavía por el cierre.
No se va a cerrar Garoña por el peligro que entraña tener una central de estas características.
No se va a cerrar Garoña porque el gobierno ha apostado por las energía renovables.
No se cierra Garoña porque desde instancias públicas se ha garantizado el empleo en la zona, no, se cierra Garoña porque a Nuclenor no le dan los números y conociendo las servidumbres del “Gobierno de España” hacia las grandes empresas energéticas, mi temor es que todo esto no sea más que una táctica empresarial de Nuclenor para ahorrarse parte de los costes de la inversión (vía subvención pública) a cambio de mantener la central 9 años más, siempre con la justificación de mantener el empleo en la zona y seguir generando energía.
Así pues, aunque no me gusta ser agorero, no lancemos aún las campanas al vuelo, y que nadie recicle las pancartas, que a lo peor, el año que viene hay que volver a usarlas.